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El Gobierno Nacional decidió extender, a través de un decreto, la posibilidad de adherir a la moratoria previsional, cuyo vencimiento estaba previsto para el 23 de julio. Se trata de la Ley 26.970, sancionada el 27 de agosto de 2014, que permitió acceder a la jubilación a personas que no cumplían con los 30 años de aportes, por no tener regularizados los años comprendidos entre 1993 y 2003, esta normativa permite que esos aportes se descuenten del haber previsional en un plan de pagos de 60 cuotas.
Alberto “Coco” Meneses, presidente de la Federación de Centros de Jubilados y Pensionados “Fuerza y Voluntad Transformadora”, aseguró que se trató de un anunció importante porque, «cubrió un bache legal, entre 800 mil y 1 millón de personas no se iban a poder jubilar. La paradoja es que las personas que asumen la moratoria se hacen cargo de la deuda de los patrones, que en su momento no cumplieron con el mandato de la ley, ni los aportes«.
Se trata de un problema estructural, que puede explicarse en parte, por la informalidad y precariedad del trabajo en nuestro país:
«Lo más urgente es el control del trabajo informal. También hay que generar un cambio cultural, porque los aportes no significan un enorme costo para los empresarios, e inclusive lo sumo también al Estado Nacional que tiene muchísimos contratos precarios».
Por último, se refirió a la ley de movilidad jubilatoria y al aumento de agosto: «En la cuestión distributiva sigue habiendo muchísimas falencias, lo que se proclamó como movilidad ascendente está difícil de cumplir con estos costos inflacionarios. Lo que estamos solicitando ahora es reformular una nueva suerte de movilidad jubilatoria, donde se pueda incorporar una cláusula gatillo«.
*Producción: Eso que falta
*Foto: Anses
